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El Tribunal constitucional respalda de forma definitiva la legalidad de la reforma laboral

Publicado el 09/04/2015 por Anna Gali Gil

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado en su reciente sentencia de fecha 22/01/2015, la reforma laboral operada en el año 2012 tras rechazar, con nueve votos frente a tres, el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Partido Socialista y la Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA y CHA).

En esta extensa sentencia son objeto de análisis siete preceptos de la destacada Ley 3/2012, de 6 de julio, que los recurrentes habrían considerado inconstitucionales por vulnerar hasta un total de diez artículos de la constitución.

Sin embargo, no es la primera vez que este Tribunal se pronuncia a favor de la constitucionalidad de la reforma laboral; en su anterior sentencia de fecha 6 de julio del 2014, el Tribunal Constitucional ya defendió con vehemencia la reforma con argumentos que se han tenido por reproducidos en la presente sentencia.

Éstas son las materias confirmadas por el TC:

1.Periodo de prueba de un año en el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores

Los recurrentes entendían que se habrían vulnerado el Derecho a la no discriminación (art. 14 CE), el Derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el Derecho al trabajo (art. 35.1 CE) y el Derecho a la negociación colectiva (art. 35.7 CE), por motivo de reconocer al empresario plena capacidad de desistimiento durante dicho periodo, sin opción de control judicial ni de resarcimiento para el trabajador.

El Tribunal responde que dicha medida resulta razonable y proporcionada en atención a la grave situación de crisis económica vivida en los últimos años en nuestro país. Dicha modalidad contractual ha sido creada precisamente para fomentar el empleo, así como la contratación indefinida de aquellos colectivos desempleados más vulnerables. El Tribunal recuerda que esta medida es excepcional y limitada en el tiempo, puesto que se aplicará hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15%, y en todo caso puede ser revisada por los tribunales en los supuestos legalmente contemplados.

2.Modificación sustancial de las condiciones de trabajo

Los recurrentes reprochaban que el empresario pueda alterar unilateralmente las condiciones de trabajo de un determinado número de trabajadores previstas en acuerdos o pactos colectivos, contraviniendo el reconocimiento constitucional de la fuerza vinculante de los convenios colectivos (art. 37.1 CE), la libertad sindical (art. 28.1 CE) y el Derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Sin embargo, el Tribunal Constitucional resuelve que no supone ninguna novedad puesto que ya se encontraba presente en la Ley 11/1994, siendo que el mismo va encaminado a favorecer la flexibilidad interna en las empresas como medida para procurar el mantenimiento de los puestos de trabajo, en vez de su destrucción. Además se establece que la eventual limitación de la negociación colectiva quedaría compensada con la consecución de otros fines consagrados en la Constitución, como son el Derecho al trabajo de los ciudadanos (art. 35.1 CE) mediante la aplicación de una política dirigida a la consecución de pleno empleo (art. 35.1 CE), la libertad de empresa y defensa de la productividad (art. 38 CE).

3.Posibilidad de sometimiento a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) u órganos autonómicos correspondientes en caso de no alcanzarse acuerdo en el procedimiento de descuelgue de convenio

Se impugnaba por vulnerar el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37.1 CE), el Derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), así como el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al permitir que un tercero ajeno decida sobre la inaplicación de un convenio pactado por empresa y trabajadores, no contando, según los recurrentes, con el debido control por los Tribunales de dicha medida.

En la sentencia, por el contrario, se dispone que la comisión consultiva o equivalente autonómico es un órgano independiente e imparcial que interviene como árbitro subsidiariamente, es decir, una vez la negociación colectiva ha fracasado, “para evitar el enquistamiento de la situación, el peligro de la estabilidad de los puestos de trabajo y la viabilidad de la empresa”. Además se indica en la misma que se trata de una medida temporal hasta que concurra nuevo convenio de aplicación, quedando sometida en todo caso al control jurisdiccional en los casos legalmente previstos.

4.Prioridad aplicativa del convenio de empresa frente al convenio sectorial

Vulneraría, a juicio de los recurrentes, los derechos a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) y a la libertad sindical (art. 28.1 CE), habida cuenta que de esta forma se le está dando preferencia a la negociación colectiva llevada a cabo por representantes no sindicales- comités de empresa y delegados de personal-.

El Tribunal Constitucional avala el destacado precepto por cuanto considera que dicha prioridad aplicativa del convenio de empresa frente a otros, propicia una negociación de las condiciones de trabajo que resultan más ajustadas a las concretas características y situación real de la empresa y sus trabajadores.

5.Causalidad en el despido objetivo

Consideraban que a través de dicho precepto, se había suprimido la obligación de la empresa de justificar la causa extintiva que obedece a razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, vulnerando así el derecho a no ser despedido sin justa causa (art. 35.1 CE) así como el derecho a un control efectivo sobre la causalidad del despido (art. 24.1 CE).

El Tribunal, sin embargo, insiste en que el despido objetivo sigue estando legalmente condicionado a la concurrencia fundada de las causas aludidas. Además el art. 51.2 ET obliga precisamente al empresario a convocar periodo de consultas con los representantes de los trabajadores y a comunicarles la información necesaria para justificar la medida extintiva colectiva, “lo que permite posteriormente al órgano judicial realizar un control efectivo tanto sobre la concurrencia de la causa como sobre la adecuación a la decisión extintiva“.

6. Supresión genérica de los salarios de tramitación

Cuestión recurrida por cuanto el derecho de percepción de los salarios de tramitación se limita, con la reforma, únicamente al caso de que se proceda a la readmisión del trabajador, no operando en supuestos de declaración de improcedencia del despido. El Tribunal Constitucional señala que tal limitación no contraviene el derecho a la estabilidad del empleo (art. 35.1 CE) puesto que dicha opción legislativa se encuentra “dentro del margen de libertad de configuración de las relaciones laborales que le es atribuida al legislador por la Constitución”.

7. Nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que posibilitan la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria para la jubilación

Para el Tribunal en los últimos años se está llevando a cabo una política de empleo basada en facilitar la continuidad de la actividad laboral por el trabajador, debiendo suprimirse, por tanto, cualquier tipo de negociación colectiva plasmada en un convenio que pueda redundar en perjuicio de su derecho individual.

8. Prohibición para las administraciones públicas y entidades de derecho público de efectuar suspensiones de contratos y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción

Los recurrentes denunciaban que dicha prohibición conlleva la automática aplicación de despidos colectivos de su personal laboral, provocando un trato desigual y discriminatorio con respecto al resto de trabajadores. El Tribunal responde que este colectivo no puede equipararse al resto de personal regido por la legislación laboral, por cuanto ostentan la condición de “Empleados Públicos” y les son de aplicación normativa distinta –Estatuto Básico del Empleado Público-.

Finalmente, la Sentencia cuenta con un voto particular de tres Magistrados, que considera que debería haberse declarada nula una parte muy importante de la Reforma Laboral pues el Tribunal se ha servido de la crisis económica como parámetro de valoración constitucional de una norma que limita sustancialmente los Derechos constitucionales de los trabajadores.

 

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Anna Gali Gil

Anna Galí Gil agali@mmmm.es

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